El caganero justiciero

La Sindicatura de Comptes emitió en el 2002 un demoledor informe sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana que, pese a alertar de anomalías económicas y de la excesiva acumulación de poderes por parte de Fèlix Millet, no logró que las administraciones tomaran cartas en el asunto.
Según explicó ayer en Catalunya Ràdio el Síndic Major, Joan Colom, el documento debieron recibirlo tanto el conseller de Finances de la época, Francesc Homs, como el de Cultura, Jordi Vilajoana, ambos de CiU. Las conclusiones también se expusieron en la comisión parlamentaria de la Sindicatura de Comptes celebrada el 25 de febrero del 2003, con representantes de todos los grupos. Ayer, miembros de todos los partidos se enfrascaron en un fuego cruzado para achacarse responsabilidades, pero hace seis años los diputados pasaron de puntillas sobre el tema y lo liquidaron con nulas o breves intervenciones.

Ese informe, referente al ejercicio del año 2000, fue analizado en el Parlament junto con otros 16 dictámenes y tras más de un año de grave crisis política en la Sindicatura de Comptes. En aquella sesión, la síndica Montserrat de Vehí destacó a los parlamentarios «la diferencia de 31 millones [de pesetas], aproximadamente, entre la declaración de operaciones con terceras personas y las cuentas del consorcio».

HORAS EXTRAORDINARIAS / También hizo referencia a «la no inscripción de la primera ampliación del Palau de la Música Catalana en el Registro de la Propiedad» y al «incumplimiento de la separación de funciones» prevista en los estatutos de la entidad. Esto era una clara alusión a Fèlix Millet, que era presidente del comité ejecutivo, gerente y vicepresidente del patronato, cargos que daban al directivo amplias facilidades para hacer y deshacer a su antojo sin la necesidad de obtener la autorización de los patronos de la institución, entre ellos la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
En las 32 páginas del texto de la Sindicatura se exponía además que estaba constatado que el personal de la sala del Palau hizo «horas extraordinarias» que no se cotizaron a la Seguridad Social. También se acreditó la ausencia de inventarios y de «una memoria anual explicativa de los principios contables» y se avisó de la falta de documentos demostrativos de que los gastos y pagos estuvieran autorizados por el patronato. Esas aportaciones, además, «se hicieron mediante cheques», pero en la orden de pago no se anexó fotocopia de los talones pese a que sí constaba su número.
La cuestión de los cheques y la inexistencia de ciertos inventarios fueron los asuntos que más interesaron al diputado del PP Josep Maria Fabregat, que dedicó un minuto a hablar del informe, del que dedujo que «parece que la Generalitat no sabe qué tiene en muchos de sus organismos» .
Ni CiU, ni ERC, ni ICV se posicionaron al respecto, mientras que el PSC, por boca de Martí Carnicer, definió el informe como «preocupante» porque la situación financiera de la institución era «justita», dado que en el año 2000 tenía un préstamo de 90 millones de pesetas al 8,25% de interés. Fue medio minuto de alocución.

REACCIÓN CON RETRASO / Seis años después, ayer, aquel mismo informe ocupó más tiempo a los partidos. El PSC y CiU se acusaron mutuamente de fallar desde las instituciones que gobernaban o gobiernan y se exigieron responsabilidadess. El president, José Montilla, se desmarcó del informe –«yo entonces era alcalde de Cornellà»– aunque reconoció que «quizá ha habido un exceso de confianza».
El convergente Artur Mas, entonces conseller en cap, prefirió fijar la atención en los años posteriores, en los que tres administraciones gobernadas por los socialistas han formado parte del consorcio.

Fuente: El Periódico

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