Entre los ocho arrestados también figuran el director gerente de servicios del ayuntamiento,
Pascual Vela, y dos empresarios del ramo de la construcción,
Josep Singla, de la inmobiliaria Proinosa, y Luis Casamitjana, presidente del grupo Espais.
Según fuentes cercanas al caso, la mayoría de detenidos están desde primera hora de la tarde en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), y no se descarta que, con sus declaraciones, se puedan realizar nuevas detenciones.
No obstante, Bartomeu Muñoz presencia esta tarde el registro en el Consistorio de Santa Coloma, donde llegó pasadas las 16 horas custodiado por varios agentes y ante la presencia de algunos vecinos. La operación empezó sobre las 10 horas, cuando 15 agentes entraron en el Ayuntamiento para registrar su sede y recabar pruebas. Entonces, el alcalde no se encontraba allí.
Agentes de la Guardia Civil han registrado los despachos del ayuntamiento de Santa Coloma y han examinado las áreas de personal, hacienda, servicios jurídicos, secretaría e informática. También investigan las oficinas de servicios territoriales ubicadas en otras dependencias municipales.
Garzón imputa a los detenidos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según fuentes judiciales, se trata de una investigación nueva bautizada como Operación Pretoria y que tiene precedentes en el sumario del caso BBVA Privanza.
La operación, que la Guardia Civil desarrolla de forma coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, investiga si la presunta trama de corrupción urbanística operó a través de la empresa municipal de promoción inmobiliaria Gramepark de Santa Coloma, presidida por el concejal de urbanismo Manuel Dobarco y encargada de la promoción de párkings y vivienda social en el municipio. Varios agentes registraron esta mañana la sede de Gramepark S.A. en busca de documentación.
La investigación también afecta a los consistorios de Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, aunque en estos dos casos no ha habido registros. No obstante, la Audiencia ha requerido al Ayuntamiento de Badalona información sobre un solar sin edificar del municipio, en relación con la operación, según informó el alcalde del municipio, el socialista Jordi Serra, quien negó tajantemente que esta mañana se registraran dependencias municipales. Asimismo, el alcalde de Santa Andreu de Llavaneras, Bernat Graupera, explicó que no se ha efectuado ningún registro en la sede del ayuntamiento aunque dos agentes de la Guardia Civil le requirieron un convenio urbanístico del 2006, cuando gobernaba el PP con el PSC.
Los ayuntamientos de Santa Coloma y Badalona están gobernados por el PSC, mientras que CiU es el partido que gobierna en Sant Andreu de Llavaneres.
Entre los detenidos hay figuras de mucho peso en la política catalana de los últimos años del siglo pasado. Macià Alavedra fue nombrado en 1982 portavoz de CiU en el Parlament y conseller de Governació. En 1987 fue conseller de Indústria i Energia hasta 1989, cuando pasó a dirigir el departamento de Economia i Finances hasta 1997, año en que dimitió de su cargo.
Lluís Prenafeta también fue un hombre importante en los gobiernos de Jordi Pujol. Durante una década, entre 1980 y 1990 ocupó la secretaría general de Presidència. En 1990 fue acusado por el sindicato CNT y un grupo de abogados de aprovecharse de su cargo para intereses personales en la concesión de servicios y equipamientos para la Generalitat. En febrero de 1993 la Audiencia de Barcelona archivó las diligencias contra él por entender que no había incurrido en ningún delito.
Bartomeu Muñoz sustituyó en 2002 a Manuela de Madre en la alcaldía de Santa Coloma. Fue concejal sin cartera desde la segunda legislatura, en 1983. Su padre, Blas Muñoz, fue el último alcalde franquista de la ciudad.
Advertencias de Govern y PSC
El secretario de organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, anunció que si la “autoridad judicial toma medidas” contra Bartomeu Muñoz, el PSC pedirá su renuncia y le suspenderá de militancia. Fuentes socialistas apuntan a que el presidente de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, podría sustituir en el cargo a Muñoz.
Desde el Govern, el conseller de Interior, Joan Saura, aseguró que se mantendrán “intolerantes” ante cualquier posible caso de corrupción en Catalunya y pidió a los ciudadanos que en “estos momentos difíciles” mantengan su confianza en las instituciones.
Por contra, CiU ha defendido la presunción de inocencia “sin distinciones” de todos los detenidos a la vez que ve “sorprendente y contradictorio” que el PSC se plantée medidas disciplinarias contra los implicados de su partido e insinúa que quizá “se sabe algo más”.
La detención del alcalde de Santa Coloma eleva a diecisiete el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por su implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006.
La Vanguardia.es
28-10-2009
